Buenos días a todas, todos y todes
Mi reconocimiento especial a Caribe Afirmativo por la invitación a este importante espacio y por todo su trabajo por la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
Un saludo especial a la Defensora del Pueblo, Iris Marín; al embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand; a la Embajadora de Suecia, Helena Storm; y al Procurador delegado, Néstor Iván Osuna, por su presencia y su firme respaldo a la garantía de los derechos humanos en Colombia y a todas las personas asistentes.
El informe que Caribe Afirmativa presenta el día de hoy “Con-Permiso para Despreciar” contiene un análisis profundo y riguroso desde los territorios, que aborda la violencia sistemática que persiste contra las personas LGBTIQ+ en Colombia.
El informe refleja una realidad preocupante. En 2024, Caribe Afirmativo registró en su informe, 164 homicidios, 1.460 amenazas, 150 casos de violencia policial, 689 víctimas de violencia sexual, y más de 1.000 personas agredidas a través de medios digitales.
Estas cifras no son solo estadísticas; revelan un patrón sostenido de violencia y discriminación que se mantiene en condiciones de impunidad. Cada uno de estos números representa una historia interrumpida, una vida marcada por el prejuicio, la exclusión y la violencia.
En Colombia, estos patrones se entrelazan con las dinámicas del conflicto armado y de violencia territorial. Caribe Afirmativo ha documentado cómo los actores armados imponen castigos ejemplarizantes, amenazas y asesinatos selectivos motivados por prejuicio, con el fin de mantener un control basado en el miedo y la moralización forzada. Esta violencia es, en sí misma, una forma de control social que debe ser erradicada para avanzar hacia la consolidación de la paz y el Estado de Derecho que permitan garantizar de manera plena el derecho a la igualdad y la no discriminación.
La Oficina valora que estas violencias empiecen a ser reconocidas en el proceso de justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz, en el Caso 02, identificó violencia sexual y de género, así como persecución contra personas LGBTIQ+ en Nariño. En el Caso 07, ha identificado violencia basada en prejuicio contra niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales e identidades diversas que fueron reclutados de manera forzada.
Además, la JEP abrió el Caso 11 para investigar violencias basadas en género, incluyendo aquellas motivadas por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género. Este es un avance fundamental hacia el reconocimiento de víctimas históricamente ignoradas y que han enfrentado obstáculos para el acceso a la administración de justicia.
Frente a los impactos diferenciales de estas violencias sobre las personas LGBTIQ+, es necesario señalar que las víctimas no las experimentan de manera homogénea y deben ser abordadas bajo una perspectiva interseccional. Las personas indígenas, afrodescendientes, migrantes y trabajadoras sexuales LGBTIQ+ enfrentan formas de discriminación múltiples y agravadas.
Caribe Afirmativo ha documentado cómo el racismo, la xenofobia, la transfobia y el clasismo se combinan para producir barreras que limitan el acceso a los derechos humanos y a la justicia. Estos patrones de violencia requieren respuestas específicas y diferenciadas para ser abordados con efectividad.
Además, quienes defienden los derechos humanos enfrentan riesgos adicionales. En 2024, Caribe Afirmativo registró más de 220 amenazas contra personas LGBTIQ+ defensoras. Muchas de ellas lideran procesos en zonas rurales y contextos de riesgo, sin protección efectiva, y enfrentan además, campañas de estigmatización que buscan silenciar sus voces y socavar su legitimidad. Proteger a quienes defienden derechos humanos es una obligación ineludible del Estado, y un pilar fundamental en la construcción de una paz sostenible y justa.
Por ello, saludamos con esperanza la próxima visita a Colombia del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género, prevista entre el 19 y el 30 de mayo. Confiamos en que sus hallazgos contribuirán a visibilizar las formas específicas en que opera la violencia basada en prejuicio en el país, y que sus recomendaciones orientarán y fortalecerán la respuesta estatal. La Oficina, reitera su compromiso de acompañar esta visita y promover un diálogo constructivo y transparente con todos los sectores.
Pese a los esfuerzos institucionales, aún persisten barreras estructurales que limitan el acceso a la justicia de la población LGBTQ+. Entre ellas, el subregistro de los casos, la escasez de datos desagregados, la falta de protocolos efectivos para incorporar variables de orientación sexual e identidad de género en las investigaciones, y una institucionalidad que, en muchos contextos, sigue operando desde el desconocimiento o el prejuicio.
En materia legislativa, es alentador observar iniciativas orientadas al reconocimiento y protección de los derechos para las personas LGBTIQ+. Entre las iniciativas en curso, destaca el Proyecto de Ley Integral Trans, radicado en 2024, que busca garantizar derechos esenciales como el acceso a la salud, el trabajo, la educación y el reconocimiento legal de la identidad de género.
Este proyecto no solo es una cuestión de justicia, sino también de dignidad humana, y su avance en el Congreso es fundamental para asegurar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación y con pleno respeto a su identidad.
Además, se encuentra en trámite un proyecto de ley que busca prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas profundamente violatorias de los derechos humanos, que han dejado secuelas físicas, emocionales y psicológicas devastadoras en miles de personas.
Al respecto, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, ha señalado que: “(…) entidades de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos han expresado preocupación por las “terapias de conversión”, y los mecanismos de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura han concluido que esas prácticas pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.”[1]
Para concluir, quisiera dejar un mensaje claro:
La garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ no es una concesión, sino una obligación del Estado. No puede haber paz sin justicia para quienes han sido históricamente violentados. No puede haber democracia plena sin la participación efectiva de todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género.
Como lo expresado el Alto Comisionado: “La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce “los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” como “fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”. Si no logramos la igualdad para algunos, fracasaremos ante todos.”[2]
La Oficina reitera su compromiso de seguir acompañando a las víctimas, fortaleciendo las capacidades del Estado y promoviendo espacios de diálogo para transformar las estructuras que perpetúan la discriminación. Con el fin de contribuir a la garantía de derechos y que todas las personas sin excepción, puedan vivir libres, visibles y en igualdad, en un país que reconozca y celebre su diversidad.
Muchas gracias.
[1] Naciones Unidas. Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/HRC/44/53. Párrafo 62. Disponible en: https://docs.un.org/es/A/HRC/44/53
[2] https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2024/05/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-if-we
